La campaña advierte que la responsabilidad de frenar las agresiones no debe recaer únicamente en las víctimas que denuncian, sino en un sistema de prevención que involucre de forma activa al Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía para evitar tragedias irreversibles.
El evento de presentación partió de una cruda radiografía sobre las deficiencias del sistema de justicia y la histórica falta de inversión estatal. Pedro Callisaya Aro, defensor del Pueblo, evidenció una brecha crítica en la protección de los derechos humanos al revelar que, de todos los recursos invertidos en el sistema de protección contra la violencia de género, apenas un 8 % se destina efectivamente a la prevención. Además, el defensor alertó sobre un profundo colapso judicial:
“Entre 2013 y 2024 se han registrado 439.000 denuncias por delitos vinculados a violencia familiar y otras formas de violencia de género, pero solo el 5.7% ha llegado a una sentencia condenatoria”, afirmó Callisaya.
Desde el ámbito de la salud pública y la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el llamado a la acción se centró en las vulneraciones más invisibilizadas que truncan la vida de la niñez. La Dra. Malena Morales, directora país de Ipas Bolivia, instó a dejar de naturalizar la violencia y puso especial énfasis en las graves repercusiones de las agresiones sexuales.
“Cuando sometemos a niñas menores de 10 años a tener partos, a ser madres menores de 10 años, creo que es una forma extrema de violencia, al igual que lo es el feminicidio”, expresó Morales.
Asimismo, hizo un llamado al sistema de salud y a la sociedad a dejar de expulsar y revictimizar a estas niñas bajo rígidos estándares morales, subrayando que la prevención temprana es fundamental para salvar vidas.
La urgencia de la campaña se respalda en el continuo incremento de la violencia extrema. El Cnl. Jesús Silva Villafuerte, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), informó que, hasta octubre de la gestión 2026, las estadísticas oficiales ya registran 71 casos de feminicidio a nivel nacional. Sin embargo, estas cifras mortales representan solo el extremo final de un problema sistémico. Mónica Vallez, secretaria general de la Comunidad de Derechos Humanos, advirtió que los datos judiciales son apenas la punta del iceberg, ya que actualmente solo 15 de cada 100 víctimas de violencia física acuden a denunciar a sus agresores. Vallez subrayó que menos del 5 % de los casos concluyen con una condena, dejando en la impunidad a la inmensa mayoría de las denuncias.
Para contrarrestar esta realidad, la alianza estratégica, que incluye a Save the Children, la Coordinadora de la Mujer y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, apuesta por incidir directamente en las bases sociales. Pamela García, gerente de prensa de Bolivisión y vocera de la alianza mediática, reafirmó que el periodismo tiene la obligación ética de anticipar estos hechos en lugar de ser un mero relator de tragedias cuando el daño ya está hecho.
Como próximos pasos logísticos y territoriales, la campaña “¿Quién paga la cuenta?” no se limitará a la difusión mediática, sino que desplegará talleres formativos, activaciones ciudadanas y reconocimientos a buenas prácticas preventivas en colegios, universidades y transporte público, buscando construir espacios donde la violencia deje de ser tolerada.
