Cada año, 15 millones de niñas de todo el mundo se casan o se unen antes de cumplir los 18 años. Seis millones de ellas son de América Latina. En Bolivia, «la situación es alarmante», dijo a DW Miguel Becerra, asesor nacional de género de Plan Internacional en el país.
Desde 2014, se han registrado en Bolivia más de 6.000 matrimonios y uniones forzadas de menores de 16 y 17 años, según datos de la Defensoría del Pueblo y del Servicio de Registro Civil (Serecí).
Por otra parte, un estudio realizado por la Coordinadora de Mujeres y Save the Children en 2021 informa de más de 32.000 adolescentes casadas o unidas incluso antes de los 15 años.
Subregistro, invisibilidad y naturalización
En la mayoría de estas uniones participan adolescentes con hombres adultos que les doblan o triplican la edad. Y aunque el número disminuye cada año, esto se debe más bien a la falta de registro, dijo a DW Nidya Pesántez, representante de ONU Mujeres en Bolivia.
El vacío legal que rodea a las uniones no registradas «las invisibiliza o, peor aún, las normaliza», confirmó a DW la oficina de Save the Children en Bolivia, que aboga por su prohibición sin excepciones. El problema no es sólo la definición de la edad mínima, sino también la falta de regulación en torno a las uniones de hecho con niñas y adolescentes, que constituyen «uniones forzadas», insiste Save the Children.
Una factura
En Bolivia, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, pero el Código de Familia (o Ley 603 de 2014) permite que los matrimonios comiencen a los 16 años, previa autorización de los padres, tutores o incluso de la Defensoría del Menor. La senadora Virginia Velasco, del partido gobernante MAS, quiere cambiar esto.
Propone elevar la edad mínima a 18 años sin excepciones y promover una estrategia de prevención y sensibilización sobre los efectos negativos del matrimonio infantil. Si tiene éxito, Bolivia se uniría a otros 15 países de América Latina y el Caribe que han aprobado leyes similares en la última década.
El taller contó con la participación de especialistas en salud sexual y reproductiva, legislación y periodismo inclusivo con enfoque de género y derechos humanos. Entre los formadores se encontraban el Dr. Henry Flores, coordinador de salud de Ipas Bolivia, el Dr. Martín Vidaurre, coordinador de políticas de Ipas Bolivia, y Amparo Canedo, periodista y directora de Guardiana.
Los dos días de formación concluyeron con la expectativa de que estos talleres se sigan repitiendo, pero con un alcance más amplio y con la participación de editores y directores de prensa. Su participación es clave para garantizar un enfoque integral y responsable de la violencia sexual en los medios de comunicación.
