Bolivia enfrenta un alto índice de violencia obstétrica que pone en riesgo la salud y dignidad de miles de mujeres. Con una de las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina, el 59.8% las mujeres de Bolivia enfrentan, también, maltrato y discriminación durante el embarazo, parto o postparto.
Según un estudio nacional sobre la violencia obstétrica de noviembre 2023, realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica en Bolivia (OVO Bolivia) y Ciudadanía, 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia obstétrica en centros públicos, además de que el 50% de los partos se realizan por cesárea, muy por encima del 15% recomendado por la OMS, datos que evidencian una preocupante normalización de estas prácticas.
El estudio también muestra que la violencia psicológica en la atención médica es la más frecuente, siendo cometida principalmente por médicos (36%) y personal de enfermería (57%). Más de 3 millones de mujeres en Bolivia han sido víctimas en algún momento de sus vidas.
Esto coincide con los testimonios recogidos en nuestro documental Gritar en Silencio, Amukim Jan Arnakaña, que expone la violencia obstétrica en Bolivia y la necesidad urgente de cambiar esta realidad (https://youtu.be/_EvIrXsa8-k?si=723BROsksWqVjKu8).
Altas tasas de embarazo adolescente en Bolivia, impiden el pleno desarrollo y futuro de esta población.
En 2023, 32.660 adolescentes quedaron embarazadas en Bolivia, según el Ministerio de Salud y Deportes. Aunque los números han bajado en los últimos nueve años, el problema sigue siendo grave. Es urgente seguir con iniciativas que protejan los derechos de las adolescentes.
Además, Bolivia enfrenta una grave crisis de salud pública relacionada con la maternidad adolescente. El país ocupa el tercer lugar en América Latina en mortalidad materna adolescente, una situación que afecta a miles de niñas y adolescentes, según UNFPA, y pone en evidencia las profundas brechas en el acceso a educación sexual integral, servicios de salud y protección de derechos.
Según el mismo informe, los embarazos ocurren a edades muy tempranas, muchas veces sin denuncias ni protección legal. Las adolescentes embarazadas suelen tener baja escolaridad y en su mayoría enfrentan la maternidad solas. La falta de apoyo agrava su situación.
Según el informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, muchas niñas y adolescentes abandonan la escuela o migran a ciudades para trabajar, dejando a sus bebés con sus familias. También sufren discriminación en sus comunidades, en el sistema educativo y en salud. Solo después del parto, el rechazo social disminuye.