Durante años, una menor fue víctima de abusos sexuales por parte de su cuñado, con el que engendró dos hijos, en Oruro.
Todo comenzó cuando tenía apenas 14 años, después de que su hermana, esposa del agresor, convenciera a sus padres de enviarla a vivir con ellos para ayudar en las tareas domésticas. Poco tiempo después, comenzaron los abusos bajo la amenaza de que, si contaba lo ocurrido, su familia correría peligro.
En una ocasión, su hermana sorprendió al agresor, pero en lugar de denunciarlo, presionó a la víctima para que guardara silencio. A los 17 años dio a luz a un bebé, pero los abusos no pararon ahí y tiempo después tuvo un segundo hijo. Luego quedó nuevamente embarazada, pero esta vez fue obligada a interrumpir la gestación.
La víctima, que ahora tiene 24 años, no aguantó más y decidió contar todo lo sucedido a sus padres, quienes dieron parte a las autoridades. La Fiscalía abrió una investigación y el agresor se encuentra en celdas policiales acusado por el delito de violación agravada, y su pareja fue aprehendida como cómplice.
Este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, que expone la urgente necesidad de frenar la violencia sexual en el país, que afecta especialmente a menores.
Los datos de la Fiscalía General del Estado revelan la magnitud del problema. En los primeros cuatros meses de 2025, se registraron 2.750 denuncias de abuso sexual y violación. De estos, 722 son de violación a infante, niño, niña y adolescente.
Según estimaciones de la Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, es decir, una de cada ocho, ha sufrido algún tipo de agresión sexual antes de cumplir los 18 años, cifra que aumenta hasta los 650 millones si se incluyen otros tipos de violencia sexual, como la verbal o a través de la internet.
Lo más grave es que, en casi todos los casos denunciados, los agresores son familiares o personas del entorno más cercano. La integridad física y emocional de las víctimas se ve amenazada precisamente en los espacios que deberían ser seguros, como sus propios hogares, escuelas y comunidades, revelan los datos.
En ocasiones, el abuso termina en embarazos a temprana edad, vulnerando otros derechos. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que en el caso de la muchacha que decidió romper el silencio, la Fiscalía está solicitando detención preventiva para el agresor y una pena de 30 años sin derecho a indulto, debido a los agravantes.
La autoridad recomendó a los padres de familia tener mayor comunicación con sus hijos y estar atentos a su entorno, saber qué hacen, con quiénes se reúnen y a dónde van para así proteger su bienestar. “Son años de calvario que ha vivido esta menor, donde la hermana, sabiendo lo ocurrido, decidió proteger al agresor”, lamentó el fiscal.
Otro caso que acaparó la atención de los medios y generó una fuerte indignación en la población fue el de una adolescente de 15 años, víctima de abuso por parte de sus compañeros de colegio.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Salinas de Garci Mendoza, cuando, durante la ausencia de los padres de uno de los jóvenes, éste invitó a la víctima a su casa para una reunión con otros siete compañeros. Durante el encuentro, los jóvenes consumieron bebidas alcohólicas.
Tras la denuncia, se ha juzgado al menor responsable y se ha dispuesto su internación en un centro en la ciudad de Oruro. Además, se ha solicitado la aprehensión de los otros menores involucrados, cuya edad varía entre los 15 y los 17 años.
Vidas truncadas
La directora de la Casa de la Mujer, Ana Paola García Villagómez, hace notar que los datos oficiales muestran que, en los primeros cuatro meses, Bolivia registra 15.536 denuncias por delitos que se enmarcan en la Ley 348, de los cuales 3.455 incluyen los de abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, estupro y violación, incluyendo a niño, niña o adolescente. (En estos últimos están los más de 2.700 de abuso sexual y violación).
Villagómez señala que las estadísticas evidencian que en el país se reportan 29 casos de violencia sexual cada día. Lamenta que haya personas que ven, especialmente a las niñas, como objetos. Considera que es necesario impulsar políticas educativas para frenar este flagelo.
“Necesitamos entablar una educación sexual, una educación integral en sexualidad. Esa es la clave para poder disminuir los hechos de violencia”, insiste.
Sostiene que falta mucho por trabajar para que las niñas puedan vivir y soñar en libertad y sin violencia. García ve con esperanza un proyecto de ley que se debate en el Senado, el mismo que se enfoca en prohibir el matrimonio de menores de 18 años.
“Todavía en el país, las niñas que tienen 16 años y cuentan con autorización de sus padres, se pueden casar, entonces se incurre en la figura de estupro, sin tomar en cuenta que una de las consecuencias de la violencia sexual son los embarazos no deseados.
En 2024, 240 menores de 10 años fueron madres, lo que es escandaloso y doloroso, pero es también parte de una sociedad que permite estos tipos de violencia”, lamenta. La Unicef hace notar que cualquier tipo de violencia sexual tiene un impacto en el capital humano, porque las consecuencias físicas y mentales repercuten en el desarrollo de los países.