Rosario (nombre cambiado) atravesó hace unos años situaciones de discriminación y malos tratos, debido a que requería una cirugía y no se la quisieron realizar porque estaba diagnosticada con VIH.

Hace un par de semanas, se presentaron los resultados del Observatorio Comunitario sobre el acceso a la salud de las personas con VIH o Sida y personas vulnerables al VIH. Tiene el objetivo general de gestionar los reclamos referidos a los obstáculos que impiden el acceso a la atención integral en salud de las personas con VIH, diversidades sexuales y trabajadores sexuales de ambos sexos en el departamento de Cochabamba.

Se conoció que, en siete años, el Observatorio Comunitario registró 111 denuncias de grupos vulnerables como las personas que viven con el VIH o con Sida (PVVS), las diversidades sexuales y trabajadores sexuales. La mayoría de las quejas corresponden al área de salud.

La responsable de Proyectos de Salud y Derechos Humanos del Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH), Karina Rojas, describió que existen voluntarios que trabajan en el área y guían a quienes sientan sus derechos vulnerados.

“Una vez que este observador voluntario recaba la denuncia, puede llenar un formulario que durante la pandemia lo hemos tenido en línea; se hace un acompañamiento individual; se gestiona la denuncia, se recaudan evidencias de cómo se ha vulnerado este derecho y se hace un análisis, de qué es lo que ha sucedido y dónde ha pasado esta vulneración o esta discriminación. Luego, dependiendo del caso, se recurre incluso al Defensor del Pueblo”.

El observatorio Comunitario funciona desde 2017. De acuerdo con la exposición de Rojas, en 2017 hubo 17 casos, en 2018 fueron 5, en 2019 llegaron a 26, en 2020 fueron 9, en 2021 sumaron 22, en 2022 sumaron 21, y en 2023 fueron 11 denuncias.

UNA MUJER

Los sectores de vulneración de Derechos Humanos son los siguientes: en salud denunciaron maltrato en un 49%; en la familia con temas de discriminación. un 26%; en lo laboral un 14%; en oficio de leche y reactivos, un 5%; en lo educativo, 4%; y en lo penal, referido violencia y extorsión un 2%.

El educador y facilitador del Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH), Luis Fernando Cáceres, relató el caso de Rosario, quien requería una cirugía urgente, por un m al que la aquejaba hace años. el medico n o quiso practicarle la cirugía.

“Con la presión, entre comillas, le obligamos prácticamente al  médico a que le haga esa cirugía (…). Incluso le habían amenazado y le habían reñido. A ese nivel tiene que llegar a veces un paciente”.

La paciente que entonces mostraba más timidez, a decir de Cáceres, es en la actualidad una mujer que exige el cumplimiento de sus derechos.

“Es una aguerrida”.

Según los resultados de las denuncias del Observatorio, los niveles de atención y vulneración de derechos hacen referencia a que un 45.5% corresponde al primer y segundo nivel de salud; un 36.4% corresponde al tercer nivel; Centro Departamental de Vigilancia y Referencia y un 18.2% al Centro Departamental de Vigilancia y Referencia (CDVIR).

Al respecto, el subdirector  hospital Viedma, Luis Patzi, expresó que ver un 38% de vulneración de los derechos está en el tercer nivel, hace referencia a “una gran población”.

Sin embargo, enfatizó que, junto a la directora del hospital, están hace más de un año trabajando en estos aspectos.

“Aplaudimos a los voluntarios del Observatorio Comunitario por colaborar con los pacientes. Sería ideal que puedan crecer y haya más voluntarios”.

Describió que existen casos en los que se conocen las denuncias, pero los voluntarios no alcanzan a ver los resultados.

“Yo sé que se sacan de tiempo de donde no hay para poder ayudar a la gente y en forma voluntaria (…). Exigir que crezca, el presupuesto a salud es lo que siempre pedimos para poder ayudar más a más personas. Entonces, el compromiso está del hospital Viedma”, sostuvo.

POBLACIÓN

De acuerdo con el reporte del Observatorio Comunitario, un 41% de esta población corresponde a personas de entre 30 y 39 años, un 19% son personas de entre 40 y 65 años, un 7% de 1 a 19 años, y un 28% corresponde a personas de entre 20 y 29 años.

Los casos hacen referencia a que un 82% corresponde a personas que viven con el VIH sida, un 11% es parte de las diversidades sexuales, un 3% son personas trans, y un 1% es bisexual.

UN SOLDADO

Un soldado con diagnóstico de VIH fue en días recientes expuesto delante de la tropa en una unidad militar de Bolivia, e “invitado” a retirarse del cuartel. Se vulneró su derecho a la confidencialidad.

El representante de la Red Nacional de Personas Viviendo con el VIH y sida (RedBol) en Cochabamba, Marcelo Cartagena, describió el caso del soldado de 18 años.

“Le han hecho la prueba rápida en una unidad militar y ha salido positivo. En la compañía, con sus camaradas, su superior dijo: ‘Hay una persona que tiene VIH aquí; entonces, le invitamos a pararse y abandonar el cuartel (…). No es posible que un joven que tiene todas las ganas de servir a la Patria, tenga que ser botado del del cuartel; hay poca información”, observó.

Rojas ponderó la importancia de la denuncia que, para muchos, es un paso difícil. Añadió que existe el temor a que se vulnere la confidencialidad.

“Al principio, tratamos de verbalmente llamar a que se resuelva inmediatamente (un caso), y no siempre va a pasar a la estadística, por temas de confidencialidad. Sin embargo, el dar información también que es lo que hacen los voluntarios”.

UNA TRABAJADORA

Una persona con diagnóstico de VIH fue vulnerada en sus derechos laborales en una empresa, de donde le retiraron y pretendían no pagarle los beneficios que por ley corresponden; solo le ofrecían mil bolivianos. El Educador y Facilitador del IpDH recordó que acudieron al ‘Observatorio Comunitario’; interpusieron una demanda ante el Ministerio de Trabajo. Coordinaron con la Defensoría del Pueblo, y siguieron el proceso.

Lograron, al final, una indemnización justa, alrededor de 50 mil bolivianos.

El delegado adjunto para la Vigencia y Ejercicios de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres y Poblaciones en situación de Vulnerabilidad de la Defensoría del Pueblo, Ronald Céspedes Barriga, ponderó las “buenas prácticas” en torno al registro y acompañamiento en el caso de vulneración de derechos, y sugirió convenios para ampliar este tipo de trabajo al resto del país.

“Estamos constituyendo planes de acción defensoriales para poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

La delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, resaltó que el Observatorio integra cualidades con una mirada integral social, familiar y en salud.

“Al momento de abordar, el Observatorio tiene un sistema también que recoge datos, hace un trabajo estadístico, lo que les permite advertir las falencias, lo que hay que proponer, cómo hay que trabajar y eso es un plus que también tiene este Observatorio”.

LOS VOLUNTARIOS

En voz de los voluntarios se conoció que identificaron que temas como la salud, “en algún momento”, van ligados con la discriminación.

“Tratamos de acompañar al paciente y encaminar, y que se solucione. Hacemos nuestros reportes de manera mensual, a través de un informe donde está a cuántos pacientes hemos acompañado, qué actividades hemos realizado con los familiares (…). Y si se da el caso, hacemos la denuncia, llenado del formulario, y encaminamos donde corresponde. Si corresponde al ámbito legal, pues lo encaminamos”, dijo una de ellas.

Otro dijo que la labor que realizan les fortalece como personas. Reconoció la necesidad de que los observadores comunitarios estén más tiempo en lugares como los hospitales.

“Es importante ponernos también en los zapatos de las personas que son afectadas, para apoyarlos”.

Describieron que las historias son unas más tristes que otras.

Llamaron a que más voluntarios se sumen en estas tareas.

“Lamentablemente, falta personal para que lleguemos a más poblaciones (…), para llegar a lugares lejanos. Muchos tienen que venir acá para el tratamiento. Dejan a sus familias, y se sienten más solos”.

RECOMENDACIONES

El resultado de los datos obtenidos por el Observatorio comunitario incluye recomendaciones como la implementación de programas integrales de atención a personas con VIH y vulnerables que incluya campañas masivas y continuas de prevención y educación sobre estigma y discriminación de personas vulnerables; capacitación al personal de salud sobre el trato digno y humanizado a las personas con VIH y vulnerables; conocer y hacer cumplir la normativa vigente para evitar vulneración de derechos; incluir el tema del VIH en la agenda de las autoridades; fomentar la coordinación y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales, el sector privado y otros sectores relevantes;  brindar atenciones amigables y diferenciadas para las poblaciones más vulnerables; además de ampliar la infraestructura para evitar hacinamiento en los tres niveles de atención de salud.

Cáceres remarcó que el personal de salud debe cumplir un protocolo de atención a pacientes, considerando las necesidades específicas de algunas poblaciones; agregó la necesidad de infraestructura.

Entretanto, los casos siguen.