La Paz, Bolivia. La violencia de género sigue siendo una crisis persistente en Bolivia, con más de 40.000 denuncias anuales, según datos del Ministerio Público, a pesar de una leve disminución en los feminicidios desde 2018. En 2024, se registraron 79 feminicidios, una cifra alarmante que refleja la grave situación. Las estadísticas, constantes en los últimos años, revelan una falta de avances significativos en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La Ley 348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, vigente desde 2013, busca garantizar una vida libre de violencia, pero su implementación enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la corrupción y la revictimización en el sistema judicial. Aunque existen medidas de protección, la impunidad persiste, con un pequeño porcentaje de casos llegando a sentencia condenatoria.

Tipos de violencia hacia la mujer

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Fuente: Boletín Derecho a una vida sin violencia para las mujeres, 2024

En casi 13 años de vigencia de la Ley 348, la violencia doméstica y sexual continúa siendo la más prevalente, con pocos avances reales en su abordaje. Gabriela Montaño, exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), criticó la ineficacia de la ley, señalando que se encuentra aislada dentro de un sistema judicial corrupto. Por su parte, Lourdes Millares, también exasambleísta, denunció la constante vulneración de los derechos de las mujeres, destacando la impunidad en los feminicidios.

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Fuente: Boletín Derecho a una vida sin violencia para las mujeres, 2024

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Fuente: Boletín Derecho a una vida sin violencia para las mujeres, 2024

Un problema estructural y la debilidad del sistema judicial

Por su parte, exvocales, como Dina Chuquimia, hicieron un llamado a que los programas de gobierno de 2025 sean más contundentes, enfocándose especialmente en niñas y adultas mayores, quienes están en mayor riesgo de violencia. Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, subrayó la necesidad de una reforma de la ley y una profunda transformación en la administración de justicia.

En el marco de las elecciones generales de 2025, de los partidos políticos aún no se conocen propuestas concretas para una lucha frontal contra este delito. Elizabeth Reyes, de Unidad Nacional, promueve un «sistema político amigable con la condición de las mujeres» y enfatiza la lucha contra el acoso y la violencia política, además de los feminicidios.

Otros actores políticos reconocen que la violencia contra la mujer no fue una problemática que se abordó de manera eficaz en los últimos años. Por ejemplo, Svonko Matcovick, de Creemos, señaló la falencia en el cumplimiento de funciones por parte de la justicia y la policía, lo que perpetúa la discriminación en la atención a las víctimas. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), sin entrar en detalles, aseguró contar con una propuesta para abordar la violencia de género, y Ruth Nina de Pan-Bol colocó la lucha contra la violencia como un punto central en su agenda electoral.

Por su parte, el Bloque de Unidad, conformado por líderes como Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, se comprometieron a incluir en su programa de gobierno la restitución de la democracia; defensa de la naturaleza; respeto a los pueblos indígenas y tierra; y lucha contra la corrupción y el narcotráfico. ¿Y de violencia? No aparece entre las propuestas ni del Bloque de Unidad ni de otros candidatos como Manfred Reyes Villa o Chi Hyun Chung.

María Pachacute, de Comunidad Ciudadana (CC), resalta la necesidad de mejorar la interpretación y aplicación de la Ley 348, mientras que Ninoska Morales, del MAS, propone endurecer las penas contra los agresores y reforzar la protección a las víctimas.

Demandas de la sociedad civil y perspectivas futuras

A nivel de la sociedad civil, organizaciones feministas y de derechos humanos exigen mayor asignación de recursos para casas de acogida, capacitación de operadores de justicia con enfoque de género, y la creación de un sistema de monitoreo efectivo para evaluar los avances en la implementación de políticas.

La pregunta crucial que persiste es si los partidos políticos, en su búsqueda del poder, asumirán un compromiso genuino con la seguridad y los derechos de las mujeres, o si la violencia machista seguirá siendo una deuda pendiente que continúa cobrando vidas.

Con las elecciones de 2025 como telón de fondo, el desafío es elegir no solo nuevos gobernantes, sino aquellos que prioricen una problemática que afecta a miles de mujeres y niñas en Bolivia. La indiferencia política frente a esta crisis es un desafío que está por resolverse.