Respuesta ante el COVID 19
Lía tiene 11 años y estaba embarazada. No fue sino hasta las 22 semanas de gestación que su madre descubrió su estado, después de buscar atención médica debido al crecimiento abdominal que le pareció inusual. La niña accedió a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un procedimiento amparado por la ley, pero que aún enfrenta desafíos en Bolivia, principalmente porque hay desconocimiento no solo de las víctimas y de sus familias, sino de prestadores de salud y otros sectores involucrados.
Lía es un seudónimo utilizado en este reportaje para resguardar la identidad de la menor de edad. En el Hospital México de Sacaba, ella es la cuarta niña que accedió a una ILE en lo que va del año. Según el director de la institución, Juan Carlos Balderrama, este hospital atendió a un número significativo de adolescentes embarazadas producto de violaciones, relaciones entre pares o estupro.
En Bolivia, una mujer, niña o adolescente puede solicitar una ILE, amparada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, cuando el embarazo represente un riesgo para la vida, la salud física, social o mental o si es resultado de incesto, estupro o violación.
Lía reunía todas estas condiciones. Tras descubrir el embarazo, su madre recurrió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) en Sacaba, llevando consigo una ecografía que confirmaba la edad gestacional. Fue entonces cuando la niña logró superar sus temores y romper el silencio, revelando que su primo, de 15 años, la había agredido sexualmente en tres ocasiones. En la actualidad, Lía recibe terapia psicológica para apoyar su proceso de recuperación.
Por otro lado, el adolescente involucrado, proveniente de una familia disfuncional y huérfano de padre, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Cometa. Vivía con sus tíos, quienes son los padres de la víctima, desde hace casi tres años. El joven trabajó con su tío político hasta hace aproximadamente dos meses, cuando el caso salió a la luz.
El caso de Lía es uno de los pocos, en comparación con la tasa de embarazo adolescente, en los que se ha aplicado la Sentencia Constitucional 0206/2014. Y, por si fuera poco, las niñas que buscan una ILE se enfrentan a una serie de prejuicios morales. Otras, por temor, llegan a un hospital cuando sus cuerpos no pueden seguir ocultado el embarazo y dan a luz.
Pamela, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, tiene 14 años, tres más que Lía, pero ya es madre de un bebé de poco más de dos meses. La adolescente fue víctima de un acto de violencia sexual perpetrado por su tío político en una comunidad cercana al pueblo de Cliza, Valle Alto de Cochabamba. El hombre la llevó con engaños a recoger escariotes (calabacín), donde la agredió sexualmente y la amenazó para que no hablara. Como resultado de estos abusos, la menor de edad quedó embarazada.
La adolescente, finalmente, reveló el nombre de su agresor, quien se encontraba escondido en una localidad de la región del Trópico. La Policía logró capturarlo el pasado 1 de agosto en Ivirgarzama. Poco después, se presentó otra denuncia en su contra: la hermana menor de Pamela, de 13 años, cursaba el sexto mes de embarazo. También había sido víctima del tío político.
Pamela desconocía que tenía la opción de interrumpir o no su embarazo. Vivía con miedo y bajo amenazas.
PROMEDIO: UNA ILE CADA 21 HORAS
Lía es una de las 13 niñas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 14 años, que ha optado por una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Cochabamba, desde enero hasta julio de este año.
Rossemary Grágeda, a cargo de la unidad de Niño, Niña, Escolar y Adolescente del Servicio Departamental de Salud (SEDES), informó que se llevaron a cabo 248 interrupciones de embarazo en niñas y adolescentes (de 10 a 19 años) durante los primeros siete meses del año, equivaliendo a una ILE cada 21 horas.
Desglosó que 13 casos correspondieron a niñas entre 10 y 14 años, mientras que 235 casos involucraron a adolescentes de 15 a 19 años.
Las 13 situaciones que afectaron a niñas de 10 a 14 años se reportaron en ocho municipios: tres en Cercado, tres en Quillacollo y dos en Chimoré. Los demás casos distribuidos en uno por cada uno de los siguientes lugares: Sacaba, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Punata y Villa Tunari.
En cuanto a las interrupciones realizadas en adolescentes de 15 a 19 años, se llevaron a cabo 68 en Cercado, 40 en Quillacollo, 26 en Puerto Villarroel, 16 en Villa Tunari, 15 en Punata, 14 en Sacaba, 11 en Vinto, 6 en Colcapirhua, 6 en Cliza, 5 en Colomi, 5 en Aiquile y 4 en Capinota. Además, Arque, Ayopaya y Cocapata reportaron un caso cada uno.
Según Grágeda, las víctimas que accedieron a este procedimiento tenían un máximo de cuatro meses de embarazo, es decir, ninguna superaba las 22 semanas de gestación.
La Sentencia Constitucional 0206/2014 despenaliza la interrupción legal del embarazo en Bolivia cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer o si ha sido víctima de violencia sexual, pero no establece el límite de edad gestacional para su realización. Esta situación ha generado incertidumbre y distintas interpretaciones. La Defensoría del Pueblo considera que es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional legisle sobre el tema para determinar el plazo máximo en estos casos, a través de una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos.
En su informe Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres de 2020, la Defensoría del Pueblo consultó a 75 ginecólogos sobre hasta qué semana medicamente se puede realizar una interrupción legal del embarazo o hasta qué semana la han realizado. Las respuestas fueron variadas, pero el 32% respondió que, hasta las 22 semanas, el 27% hasta las 20 semanas, el 16% hasta las 12 semanas, el 10% no respondió o desconoce la información, el 9% hasta después de las 22 semanas, el 3% hasta las 18 semanas y otro 3% hasta las 8 semanas.
Esto significa que, la decisión de interrumpir el embarazo de una niña o adolescente víctima de violencia sexual que se encuentra con más de 22 semanas de gestación, recae en los profesionales de salud. El testimonio de una funcionaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que prefirió mantener en reserva su identidad, confirma que los médicos son los que toman la “decisión final”. “Hay médicos que son reacios a realizar este procedimiento, especialmente cuando el embarazo ha avanzado más allá de las 22 semanas. Por eso, lo primero que hacemos cuando llega una víctima es averiguar el tiempo de gestación. En algunos casos buscamos ayuda de organizaciones que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”.
La mayoría de los médicos se niega a realizar el procedimiento después de las 22 semanas, apoyándose en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que “el aborto es la terminación del embarazo espontáneo o inducido antes de las 22 semanas”.
En algunos centros médicos, la posición es inflexible. Un ejemplo es el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, donde, según su director Antonio Pardo, no se realiza una ILE si el embarazo ha avanzado más allá de las 22 semanas. El médico citó el caso de una niña, de 12 años, que llegó desde Santiváñez con 29 semanas de gestación. A pesar de la demanda de la Defensoría del Pueblo para interrumpir el embarazo, la menor de edad fue trasladada a otro hospital, uno de segundo nivel.
“Estamos hablando de un embarazo de siete meses, por lo que no se podría interrumpir. La Defensoría del Pueblo presiona para que se realice el procedimiento sin considerar la edad gestacional, pero la Defensoría de la Niñez dice que estamos cometiendo homicidio. Ni el Ministerio de Salud ni otras autoridades saben qué se debe hacer. No está claro. Por nuestra parte, nos acogemos al Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014”, dijo, mientras mostraba el documento y daba lectura al concepto de aborto.
Pardo recordó también un caso penal de junio de 2022. La junta médica decidió no interrumpir un embarazo de 28 semanas. El caso involucraba a una niña, de 12 años, que había sufrido violación por parte de su abuelastro en Chimoré. Aunque la Defensoría del Pueblo solicitaba la interrupción del embarazo, la DNA de Cochabamba abogaba por “salvar las dos vidas”.
Días después, los médicos se vieron obligados a realizar una cesárea de emergencia debido a problemas en la frecuencia cardíaca del bebé y al cordón umbilical enredado en su cuello. El prematuro falleció cuatro días después. Este caso provocó debates entre activistas, organizaciones, médicos y defensores, además de una investigación por homicidio culposo de parte de la Fiscalía.
Pardo y Grágeda comparten la misma postura: no se realiza una ILE después de las 22 semanas de gestación. El primero menciona “vacíos” en la normativa y refiere que se respalda en el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014. “Según la OMS, el aborto es la pérdida del producto de la gestación desde el momento de la implantación hasta alcanzar los 500 gramos o las 22 semanas de gestación, calculadas por la fecha de la última menstruación o por ecografía temprana”.
En el mismo documento, sobre la ILE, se dice que es “la interrupción del embarazo cuando este pone en peligro la salud o la vida de la mujer, hay la existencia de malformaciones congénitas, letales, es producto de violación, estupro o incesto”.
El médico afirma que solo han realizado una ILE en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi en lo que va del año.
La Sentencia Constitucional 0206/2014 establece que las víctimas de violación no necesitan autorización judicial para la ILE, solo deben presentar una copia de la denuncia realizada ante la Policía o la Fiscalía, junto con el consentimiento informado. En los casos en los que la vida de la mujer está en riesgo, basta con un informe médico y el consentimiento.
El personal de salud tiene la obligación de cumplir con la ley dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud del servicio, garantizando la confidencialidad y la privacidad de las pacientes. Si un médico se niega a realizar el procedimiento, podría enfrentar sanciones administrativas y penales por incumplimiento de sus deberes y funciones.
Según Ipas Bolivia, con datos del Ministerio de Salud, en 2022 se realizaron 1.050 ILEs en Bolivia, de las cuales el 78% correspondieron a menores de 15 años.
El personal de salud está preocupado por el embarazo adolescente y pide políticas públicas para reducir los índices. Pardo reconoció que hay muchos casos. Recordó el de una menor, de 14 años, que ingresó al hospital en trabajo de parto. La niña se sometió a una microcesárea y el bebé pasó a un programa de adopción.
La mortalidad materna en América Latina y el Caribe es una de las principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Las adolescentes menores de 15 años tienen hasta tres veces más riesgo de morir por complicaciones del embarazo que las mujeres mayores de 20. Además, los bebés nacidos de madres adolescentes tienen una mayor prevalencia de nacimientos prematuros y mortalidad neonatal.
MATERNIDAD FORZADA
En Cochabamba, la cifra de embarazos adolescentes es alarmante. En 2022, se registraron 5.747 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, lo que representa un 13% de la población total en ese grupo etario, informó la responsable de la unidad del Niño, Niña, Escolar y Adolescente, Rossemary Grágeda.
La mayoría de los embarazos adolescentes se concentra en la región Metropolitana, con 2.929 casos. Le siguen los valles, con 507; el Trópico, con 1.247; la zona Andina, con 450; y el Cono Sur, con 614.
En 2022, se conocieron en promedio 15 a 16 embarazos adolescentes cada día. Los datos de enero a julio de este año aún están procesándose, pero se estima que el incremento es de entre el 14 y el 15%, según Grágeda. Esto significa que ni el 8% de las menores de edad embarazadas en Cochabamba accede a una ILE.
El director del Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, informó que en 2022 atendieron a 81 adolescentes embarazadas, hasta los 18 años. Sin embargo, hasta mediados de agosto de 2023, ya son más de 126 casos, superando la cifra del año anterior. La mayoría de las pacientes son de entre 15 y 16 años, pero también han atendido a niñas de 12 años con embarazos producto de violaciones. En lo que va de este año, se han registrado al menos siete casos de este tipo.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Cochabamba coincide también en que los índices de embarazo adolescente son elevados. La jefa de esa dependencia, Cynthia Prado, refiere que casi a diario una adolescente embarazada llega a los centros de salud del municipio. Los casos atendidos son por violaciones y por desconocimiento de métodos anticonceptivos. Por ello, la DNA trabaja en un plan de acción para acercarse a los adolescentes.
5 AÑOS: MÁS DE 39 MIL NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Según datos del Servicio Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), socializados por Grágeda, en Cochabamba se registraron 39.502 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años en los últimos cinco años, de 2018 a 2022.
En 2021, se conocieron 6.647 embarazos, lo que representa el 15% de la población total en ese grupo etario. En 2020, fueron 7.065 embarazos (15%), en 2019, 9.217 (16%) y en 2018, 10.826 (18%).
Aunque los datos estadísticos muestran una leve disminución, hay evidencias de subregistro del embarazo en la adolescencia. Por ejemplo, hay casos de niñas y adolescentes embarazadas que no tienen acceso a atenciones médicas o que son sometidas a abortos clandestinos.
En Bolivia, el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna. Sin embargo, no existen datos oficiales.
PROFUNDAS CONSECUENCIAS
El embarazo o la maternidad en la adolescencia pueden poner en riesgo la salud, la educación, las oportunidades laborales y el futuro.
Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las madres adolescentes (mujeres que tuvieron un hijo entre los 10 y 19 años) ganan hasta un 28% menos que las madres adultas jóvenes (mujeres que tuvieron un hijo entre los 20 y 29 años).
El embarazo en la adolescencia afecta el proyecto de vida de las madres jóvenes, ya que algunas abandonan sus estudios y sus metas, e incide notablemente en las inequidades sociales.
Ante esta problemática, el Ministerio de Salud de Bolivia cuenta con Centros de Atención Integral de Adolescentes (AIDA) en establecimientos de salud pública. Según Grágeda, en Cercado hay 10 centros, en Sacaba dos y en Vinto uno. Se prevé la implementación de estos centros en el Cono Sur y valles.
Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. Esto representa un problema de salud pública y una violación de los derechos de las niñas y adolescentes. En respuesta a esta situación, varios colectivos y movimientos han salido a las calles con el lema “Niñas, No Madres”, haciendo alusión a que las menores de edad no deben ser forzadas a la maternidad.
No es un secreto que los casos de violencia sexual también han incrementado, producto de los cuales se dan embarazos.
Por información estadística del Ministerio Público, actualizado al 31 de julio de este año, se han registrado 1.478 casos tipificados como violación de infante, niño, niña o adolescente. De estos, 469 se reportaron en Santa Cruz, 275 en Cochabamba, 271 en La Paz, 139 en Beni, 101 en Chuquisaca, 85 en Potosí, 77 en Tarija, 34 en Oruro y 27 en Pando. Por lo menos el 80% de las agresiones sexuales proviene de familiares o personas cercanas a las víctimas.
Estos son casos denunciados, ya que detrás existen “cifras negras” que no salen a la luz.