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Cientos de organizaciones feministas en Bolivia han rechazado unos cambios propuestos por senadores oficialistas a la Ley 348, oficialmente conocida como la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, con los que se busca, dicen, generar retrocesos en "el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia".
Se refieren a una propuesta de ley que planteó la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Patricia Arce para modificar el artículo 94 de la norma 348, con el que, de aprobarse, se pondría un plazo de ocho días a la Fiscalía para que "reúna las pruebas necesarias" y determinar si la violencia que la mujer denunció puede probarse.
Además, se propone que en los casos de violencia sexual sea un grupo de peritos quienes, tras escuchar a la víctima en una cámara de gesell (sala con espejo espía que permite observar a las personas sin ser vistas), determinen la veracidad de su testimonio, que, a su vez, deberá corroborarse por "otros medios de prueba".
"Lo que nos preocupa es que el tema de violencia por razón de género era algo que nosotras creíamos que lo habíamos ganado en la sociedad boliviana. Es decir, podían elevar sus preocupaciones acerca de que la ley de paridad no ha cambiado la política; o discutir sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, que aún no hay un consenso social sobre la implementación de la educación en sexualidad en las escuelas, pero creíamos que sí había un consenso social para penalizar y castigar la violencia desde el sistema de justicia. Resulta que ahora eso está puesto en duda", dice a Efeminista Lourdes Montero, experta para Bolivia del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
Los cambios, que también recibieron el rechazo del Gobierno por medio del Ministerio de Justicia, aún no se realizan, pero se analizan en el seno del legislativo boliviano.
Montero explica que este cambio que pretende realizar el Senado llegó acompañado de tres argumentos que dan luces de las pretensiones que tiene la proponente y quienes apoyan las modificaciones.
"El primer argumento tenía que ver con que era una ley que destruye a las familias, que pone en contra a hombres y mujeres. El segundo argumento era que es una ley anti hombres, así la titularon, sobre todo el presidente del Senado. Y el tercer argumento era que la ley viola el principio de presunción de inocencia, que sólo denuncia la mujer y el hombre ya va preso. Ahora es difícil implementarla y con las modificaciones que ellos plantean sería una ley absolutamente imposible de implementar", asegura.
Además de llegar a afirmar que una ley "anti hombres", el senador Andrónico Rodríguez dijo que por medio de la normativa "se ve a los hombres como enemigos" y que a él le "consta" que hay "bastante abuso" en su aplicación.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres dijeron que esas declaraciones se basan en argumentos "descontextualizados" y en "generalizaciones" que no tienen evidencia.
"Se responsabiliza a la norma de abusos en contra de los denunciados, aunque muchos argumentos más bien se refieren a una mala aplicación por parte de algunos operadores de justicia, a lo cual se han sumado grupos conservadores y antiderechos", agregaron en un comunicado.
"Hay una sensación de que las mujeres nos estamos pasando de la raya. Así nos lo han dicho. Y que estamos utilizando la ley 348 para chantajear, para dañar a los hombres", lamenta Montero, quien dice que, aunque estos discursos y actuaciones le sorprenden no están alejados de lo que ya sucede en otros países de la región.
"Estamos viendo el intento de cambio de nombre que hubo del Ministerio de la Mujer en Ecuador, en Uruguay ha habido retrocesos en varios temas, en Argentina (el presidente Javier) Milei prácticamente ha desaparecido varios de los avances y logros institucionales de las argentinas. Entonces no vemos esto que está ocurriendo en Bolivia como un hecho aislado sino como una articulación y una intencionalidad regional es muy preocupante", enfatiza.
Las cifras de violencia contra las mujeres en Bolivia son un ejemplo de la necesidad de la ley, dice la experta del Mesecvi. "Tenemos una media de 40.000 denuncias al año de temas de violencia por la 348. Ha habido un incremento de denuncias porque obviamente ya las mujeres no toleran que violen sus derechos. Antes había un silencio cómplice de la sociedad", señala.
Además, dice, ahora hay un mayor reconocimiento de las diversas formas de violencia, como la psicológica o la digital, pero sobre todo de la violencia sexual, cuyo número de denuncias "se ha duplicado en los últimos años".
"Bolivia es un país pequeño, sin problemas graves en términos de criminalidad como nuestros vecinos, pero es uno de los países con mayores índices de violencia de género. Hay más feminicidios que crímenes por otras causas, porque lo normal es que el feminicidio sea un porcentaje menor del conjunto de crímenes que hay contra las personas en la sociedad [...]. Esto nos lleva a reflexionar que estamos en un proceso de cambio y la factura la estamos pagando las mujeres", lamenta Montero.
Por eso, las organizaciones feministas creen que es vital que en el centro de la conversación se ponga la necesidad de realizar reformas integrales al sistema de justicia, que acaben con la impunidad de la que también son víctimas las mujeres.
En todo el país, el 99,3 % de los casos de violencia de género quedan en la impunidad por rechazos, abandono o sobreseimiento de las denuncias, según cifras recopiladas por la sociedad civil.
"Ellas se enfrentan a un sistema que es profundamente patriarcal, que las juzga, las hace sentir mal. Es decir, hay todo un juzgamiento previo de los que deberían impartir justicia y estoy hablando tanto de la policía como de jueces y fiscales. Hemos denunciado desde hace mucho tiempo que hay una corrupción estructural en el sistema de justicia en Bolivia que hace que los jueces y los fiscales cobren a las víctimas para llevar adelante los casos o cobren al victimario para dejarlo libre o afuera", dice Montero.