Respuesta ante el COVID 19
La violencia sexual muestra una tendencia ascendente en el país. En cinco años, de 2018 a 2022, se registró un incremento de denuncias del 90%. Se estima que a diario hay 30 nuevas víctimas, en su mayoría menores de edad.
Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, enmarcado en la Ley 3773, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y luchar de manera frontal contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
En el artículo segundo de la norma se pide a “los medios de comunicación social del Estado y otros informar y sensibilizar permanentemente a la sociedad civil, sobre las causas, consecuencias y además de las políticas de prevención sobre la violencia sexual (…)”.
Sin embargo, a pesar de las campañas de sensibilización y contar con normas avanzadas, los índices de ultraje contra menores de edad son alarmantes.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, la violencia sexual es el delito de mayor comisión en Bolivia después de la violencia intrafamiliar, en el marco de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
En siete meses de este año, entre el 1 de enero y el 16 de julio, se registraron 5.884 denuncias de violencia sexual, entre abuso sexual, violación y otros delitos de esta naturaleza cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Coordinadora de la Mujer considera que pese a que las cifras de violencia sexual son altas, hay un considerable subregistro.
“Por el hecho de ser estigmatizante, dificulta su denuncia y solicitud de apoyo cuando alguien la sufre, por el miedo a la censura social y a caer en una situación de mayor vulnerabilidad y de revictimización, y genera sesgos en el abordaje de la denuncia por operadoras/es de justicia y la Policía, basados en prejuicios de género que obstaculizan su prevención y sanción de manera adecuada”, señaló la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.
Según el Ministerio Público la mayor parte de los hechos de violencia sexual, el 80% aproximadamente, ocurren en el entorno familiar, sobre todo cuando las víctimas son niños, niñas y/o adolescentes.
La revictimización y la retardación de justicia son la principal problemática por las que atraviesan las víctimas.
“Quienes sufren (víctimas) no reciben el tratamiento adecuado ni tienen respuestas prontas ni oportunas de parte del sistema de justicia, por ello, las organizaciones de mujeres insistimos en la necesidad de contar, desde el Estado, con planes integrales que articulen atención, sanción, prevención y reparación de las víctimas”, señaló Sánchez a La Razón.
Para la activista, debe fortalecerse los instrumentos públicos de recojo y sistematización de datos y producción de información relativa a la violencia sexual, desagregado por departamento y municipio.
“Es fundamental crear políticas públicas en esta materia. Garantizar que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual puedan contar con servicios de asistencia médica (incluyendo la interrupción legal del embarazo), psicológica y de salud integral en sexualidad, que permitan su recuperación y rehabilitación.