Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que desde 2014 se registró 487 matrimonios de niñas y 4.804 enlaces de adolescentes, todos con el consentimiento de los padres de las menores de edad.

Estas cifras alarman a Ariel Ramírez, director de la Fundación Munasim Kullakita (‘quiérete hermanita’, en aymara), que trabaja en la problemática de trata de personas, proxenetismo, pornografía infantil y explotación sexual.

«Tenemos uniones forzadas, violaciones que se convierten en conciliaciones con el agresor y llegan al matrimonio, o casos de estupro que se convierten en matrimonios por conciliación. Detrás de estos datos no se ven los daños que se generan contra las niñas ni tampoco se ven los problemas futuros que van a padecer», afirmó Ramírez.

La legalidad de estos matrimonios se basan en la Ley 996 ‘Código de familia’, que data de 1988, y la Ley 603 ‘Código de las familias y del proceso familiar’, promulgada en 2014.

La primera norma señala que la mujer «antes de los 14 años cumplidos no puede contraer matrimonio», pero luego indica que «el juez puede conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas».

La segunda dice que de manera excepcional, se podrá constituir matrimonio «a los 16 años de edad cumplidos, siempre que se cuente con la autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental».

«Estos registros datan desde hace 10 años aproximadamente y la normativa legal en su momento permitió esas excepciones para realizar esos matrimonios con consentimientos de los padres», confirmó el director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), David Dávila.

Ante la cantidad de matrimonios registrados en 10 años, Dávila manifestó que es preocupante y que a pesar que se han reducido los matrimonio en los últimos años aún se dan.

«Detrás de estos temas de uniones forzadas hay una desvinculación total del Estado. Hemos tenido dos casos de niñas que eran explotadas sexualmente por sus esposos. Uno de ellos llevaba a sus amigos a su casa», manifestó el director de la Fundación Munasim Kullakita.

Según Ramírez, entre las consecuencias a corto o largo plazo está el abandono del esposo cuando la adolescente está embarazada o el alejamiento de los familiares después de contraer matrimonio, lo que deja a las menores más vulnerables.

Testimonios

“Tuve que juntarme, no tenía otra opción, mi familia me dejó”, declaró una adolescente entrevistada por la Defensoría, cuando se le preguntó por qué se casó.

«Se evidenció que muchas, al ser forzadas a casarse, dejaron su entorno familiar para convivir con la familia de su esposo, lo cual implica situaciones de violencia física, psicológica o sexual», concluyó la Defensoría en su informe llamado «Sueños interrumpidos».

“Mi papá me obligó” o “me obligaron a casarme” reflejan el nulo consentimiento que existió en estos matrimonios, «forzando a una niña o adolescente a asumir roles de esposa a corta edad y para los que no están física, psicológica ni sexualmente preparadas», se pronunció la institución.

Desde el Sereci informaron que entre los casos que recibieron está el de una adolescente de 15 años a quien sus padres la llevaron a una notaría para que se casara con un vecino de 78 años.

«Cuando el oficial de registro civil vio esa diferencia de edad le preguntó a la muchacha si estaba de acuerdo y ella respondió que no, que sus papás la llevaron y luego se supo que el motivo del matrimonio era un asunto económico, los padres de ella tenían deudas», una fuente que prefirió no identificarse. El matrimonio no se registró porque se logró convencer a los padres de la adolescente de suspenderlo.

La mayor cantidad de matrimonios está en el oriente

De acuerdo con el registro del Sereci, en el departamento de Santa Cruz está la mayor cantidad de matrimonios de niñas y adolescentes. Le sigue Cochabamba y en tercer lugar está La Paz.

Las investigaciones de la Fundación Munasim Kullakita coinciden en que algunos padres llevan a sus hijas a casarse con varones mayores de edad porque éstos abusaron de ellas y quedaron embarazadas, o por un arreglo económico.

Ramírez enfatizó en que ante la falta de la protección del Estado, que se traduce en la ausencia de defensorías de la niñez y políticas de educación sexual y reproductiva, se deben tomar medidas desde todos los niveles del Gobierno para que esta problemática salga a la luz pública.